Desde mi más infinita ignorancia que roza también el atrevimiento más infinito, supongo que las personas que sufren agorafobia deben de ser las que menos están sufriendo el estado de confinamiento obligatorio. Lo digo con la boca pequeña porque no conozco a nadie que sufra agorafobia y aunque la conociera tampoco podría salir de casa para preguntárselo ya que me juego una multa de 600 euros según reza el Decreto Ley aprobado por el flamante Gobierno de coalición.

Desde la máxima responsabilidad ejecutiva pública nacional, se nos exige la máxima responsabilidad individual para que nos quedemos en casa indefinidamente, salvo los intervalos necesarios para el avituallamiento propio, el alivio de mascotas (quien la tenga) y tres cosillas más. Sin embargo, quienes tenemos una vida social intensa que no discrimina un lunes a mediodía de un sábado noche, ni una reunión de empresa con una cena de Nochevieja, la petición gubernamental está suponiendo un gran desafío a nuestro estilo habitual de vida. Se trata de una norma legislativa que asumimos con resignación y responsabilidad a partes iguales. En cambio, quien padece agorafobia no interpreta la exigencia de modificar los hábitos de conducta como un inconveniente, sino más bien como un reconocimiento global a su trastorno de ansiedad al poner a todo el país en su misma situación, es decir, permanecer encerrado en casa por causas ajenas a su voluntad.

Tanto en un caso como en otro, el confinamiento en el hogar privado se produce por miedo a salir a la calle pública, aunque la diferencia entre ambos difiere mucho entre sí (disculpen la cacofonía). Para la inmensa mayoría, la razón estriba en el terror que provoca el contacto con el corona virus, y para quien padece agorafobia el terror lo provoca el contacto con el espacio público, es decir, con nosotros. Por lo que se podría decir que para ellos el virus somos usted y yo. Salvo que usted también sufra agorafobia. En ese caso, quien resulta altamente peligroso para la salud soy solo yo